La ayuda se repartirá entre los siete ayuntamientos para cubrir puestos en obras y servicios de interés social Los fondos, procedentes de la UE, cubrirán el salario y las cotizaciones.
La Junta de Andalucía destinará, con cargo a los fondos europeos, hasta 2.550.706,04 euros a los siete municipios del Campo de Gibraltar durante los dos próximos años para implantar las medidas de reactivación del empleo para la población de más de 30 años en el ámbito de las administraciones locales. Así se recoge en el Programa Emple@30+, aprobado recientemente por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, que seguirá pautas similares a las de los vigentes planes contra el paro juvenil.
El Programa Emple@30+ incluye dos grandes líneas de ayudas: la Iniciativa Cooperación Social y Comunitaria, que facilitará contrataciones en proyectos de obras y servicios por parte de los ayuntamientos, y la Iniciativa Proyectos de Interés General y Social Generadores de Empleo, para servicios de utilidad colectiva a cargo de entidades sin ánimo de lucro. Ambas estarán cofinanciadas con fondos europeos.
En el caso de la iniciativa destinada a los Ayuntamientos, los citados 2,5 millones de euros se reparten en función de criterios como la población parada de más de 30 años (40.326 entre las siete localidades). Según la información aportada por la Junta de Andalucía, Algeciras dispondrá de hasta 1.119.081,48 euros; La Línea contará con una aportación máxima de 638.194,90 euros y San Roque recibirá 282.631,34 euros. Los Barrios contará con una previsión de 218.521,11 euros mientras que para Tarifa se destinarán otros 164.985,71 euros. Finalmente, a Jimena llegarán hasta 96.323,82 euros y otros 30.967,68 para Castellar de la Frontera.
Como posibles destinatarios, el decreto ley señala a todas aquellas de edad igual o superior a 30 años inscritas como demandantes de trabajo no ocupadas en el Servicio Andaluz de Empleo (SAE). Dentro de este colectivo, se consideran prioritarias las beneficiarias del Ingreso Mínimo de Solidaridad, las desempleadas de larga duración que han agotado la prestación por desempleo, las titulares del Bono de Empleo Joven que no formalizaron en su día un contrato de trabajo y que ahora tienen más de 30 años y las personas desempleadas de larga duración con dificultades para incorporarse por vez primera al mercado laboral o, en su caso, reincorporarse al mismo por su prolongada inactividad.
La primera de las iniciativas incluidas en el decreto ley, denominada Cooperación Social y Comunitaria para el Impulso del Empleo 30+, tiene como objetivo promover la contratación en obras y servicios de ámbito social o de interés municipal, distintas de las que realiza regularmente el personal de la Administración local. La Junta sufragará el 100% del coste salarial y de Seguridad Social en los contratos que realicen los ayuntamientos, de hasta seis meses de duración y preferentemente a jornada completa. Los contratos deberán concluir antes del 1 de mayo del próximo año y se mueven en categorías que van desde los 1.700 euros de sueldo a los 1.300.
Como medida de equilibrio territorial, el decreto ley distribuye las ayudas entre todas las localidades andaluzas atendiendo a su peso poblacional y al porcentaje de desempleados de edad igual o superior a 30 años. Así, el 50% se reparte entre los municipios en función de esta tasa respecto del total de Andalucía y el 50% restante según la población. No obstante, la Junta garantiza una ayuda mínima de 7.800 euros por municipio.
Además de las contrataciones a través de los Ayuntamientos, la Iniciativa Proyectos de Interés General y Social Generadores de Empleo, dotada con 26 millones a nivel regional, promoverá la contratación de personas desempleadas, durante un máximo de seis meses, por parte de entidades privadas sin ánimo de lucro en los ámbitos de la dependencia y servicios sociales; recursos de proximidad y a domicilio; gestión sostenible; economía social y emprendimiento; innovación; comercio de proximidad; comercio exterior; tecnología de la información; voluntariado; medio ambiente y recursos naturales, y cultura, ocio y deporte.
En estos casos, la Junta concederá hasta un máximo de 200.000 euros por entidad en régimen de concurrencia competitiva para iniciativas que finalicen antes del 31 de mayo del próximo año.
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Ya en el mes de noviembre, la Agrupación Local del PSOE del Tesorillo presentó una moción que fue aprobada por unanimidad para que se adoptaran medidas. El motivo, la desestimación de las alegaciones presentadas al Presupuesto aprobado inicialmente. La Junta Vecinal consideraba que“dicho presupuesto podría no estar cumpliendo la legalidad vigente por lo que respecta al mantenimiento de personal eventual en la plantilla de Personal”. Para ello se basaban en las Bases de Régimen Local que dice expresamente: “Los municipios de población de 2.000 a 5.000 habitantes podrán excepcionalmente contar con un puesto de trabajo cuya cobertura corresponda a personal eventual cuando no haya miembros de la corporación local con dedicación exclusiva”, caso este último que consideran que no es el de la ELA de San Martín del Tesorillo.
Ninguna esperanza. Los regantes del río Guadiaro están convencidos de que las obras de modernización de los canales no se van a construir. Tras la reunión con el subdelegado del Gobierno en Cádiz, Javier de Torre, las asociaciones consideran que la falta de entendimiento entre el Gobierno central y el de la Junta ha impedido el desarrollo de la zona.
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Menuda lección la que nos han dado en la Unión Europea. De esto mucho
tendrán que decir y salir de la madriguera aquellos socialistas que aplaudían
el mal resultado conseguido, al menos en el término municipal Jimena de la
Frontera, el flamante Comisario Excmo. Señor Don Miguel Arias Cañete,
ex-ministro de agricultura e impulsor, sin medias tintas ni que el pulso le
temblara, de la modernización de los regadíos de San Pablo de Buceite y San
Martín del Tesorillo...
