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Subraya que ahora serán los municipios los que acuerden el inicio de los trámites.
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El viceconsejero de Gobernación de la Junta de Andalucía, José Antonio Gómez Periñán, manifestó ayer a este diario que la futura Ley de Autonomía Local de Andalucía (LAULA) no persigue impedir la segregación de municipios, sino dotar a éstos de una mayor capacidad decisoria a la hora de iniciar este tipo de expedientes haciendo de las entidades municipales una parte más activa en el proceso.
El número dos de Gobernación subrayó que, con la redacción del anteproyecto de Ley presentado por el Ejecutivo andaluz para su tramitación parlamentaria, son los municipios, mediante acuerdos plenarios, quienes deben dar el primer paso a la hora de decidir si se presenta o no ante la Junta de Andalucía un expediente de segregación. Actualmente, la decisión de iniciar el estudio de la petición recae en el Consejo de Gobierno de la Junta, una vez presentado por el territorio y cumplido un periodo de consultas a las zonas implicadas.
En el caso del Campo de Gibraltar, toda vez que el Valle del Guadiaro ha desistido en este empeño, la ELA de San Martín del Tesorillo (Jimena) es el único territorio que mantiene sus aspiraciones de convertirse en municipio independiente.
Con la actual ley Tesorillo tendría la posibilidad de acceso a la segregación amparándose en el apartado cuarto del artículo 8, donde se recogen unos requisitos técnicos en cuanto a número de habitantes y separación del municipio matriz más bajos que la norma general (2.500 habitantes y 5 kilómetros frente a 4.000 residentes y 7,5 kilómetros) y se valora la existencia de una ELA previa. La LAULA sólo recoge, según publicó este diario el pasado martes, la norma general, con la que Tesorillo, en principio y desde el punto de vista estrictamente técnico, no converge. Gómez Periñán señaló que el apartado cuarto del artículo 8 es una cuestión excepcional a la que pocos territorios pueden adherirse, ya que priman otros requisitos como la garantía de una correcta prestación de servicios al ciudadano, a la par que recordó que los trámites suelen prolongarse durante varios años. "Ahora, los ciudadanos pasan a ser dueños de su término, y nadie ajeno a él decide por ellos", sentenció.
Gómez Periñán subrayó que el estado en que se encuentra la LAULA actualmente es el de anteproyecto. "Por lo tanto, estamos abiertos a cualquier tipo de sugerencia, por ejemplo, de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP)", detalló.
