Tres mujeres conversan mientras caminan por una calle de San Martín del Tesorillo, en una imagen de archivo.
Seis de cada diez vecinos de los municipios de Jimena y San Roque viven fuera del casco urbano de sus localidades. En Algeciras el porcentaje de residentes allende los límites de la matriz urbana apenas llega al 1%. Se trata de dos situaciones extremas dentro del Campo de Gibraltar donde, en conjunto, un 15,9% de la población reside en unidades urbanísticas diferentes de los siete núcleos principales que dan nombre a los respectivos municipios.
Los datos se obtienen a través del análisis del padrón municipal relativo a 2011 que no sólo aporta información sobre cuántos somos. Gracias al torrente de datos que cada año publica el Instituto Nacional de Estadística (INE) también es posible saber cómo se distribuye la población dentro de sus respectivos términos municipales (ver tabla adjunta).
En total, de los 267.062 habitantes censados en el Campo de Gibraltar (a 1 de enero de 2011), 42.477 residen en núcleos poblacionales diferentes a la matriz poblacional, el referido 15,9%.
Dentro del Campo de Gibraltar los municipios con mayor grado de centralismo en cuanto a la población son, por este orden, Algeciras, La Línea y Castellar de la Frontera. En el lado contrario de la balanza, el de las localidades con la población más dispersa, se encuentran Jimena, San roque y a mucha distancia de éstas Los Barrios y Tarifa. A su vez, Tarifa es el municipio más atomizado en cuanto a número de entidades poblacionales, con una veintena más otros tantos enclaves con viviendas de tipo diseminado.
Pero todos, con independencia de dónde vivan, tienen derecho a la prestación de servicios básicos como la recogida diaria de residuos, entrega de correo o acceso a las redes de telecomunicaciones. Para los ayuntamientos, la diseminación poblacional obliga a la creación de infraestructuras administrativas descentralizadas de las que San Roque es un claro ejemplo bajo un modelo con cuatro distritos y nueve barriadas bajo la tutela del Consistorio que obliga a multiplicar esfuerzos (y recursos). Pero hay otras formas de gestión del territorio como las de Jimena o Tarifa, con experiencias de autogobierno que cristalizan en Entidades Locales Autónomas (ELA) como San Martín del Tesorillo (Jimena) o Facinas (Tarifa). Y modelos de descentralización mixta mediante Juntas Municipales de Distrito: San Pablo de Buceite en Jimena o Palmones, en Los Barrios, con un limitado número de competencias respecto a la ELA pero suficiente para evitar la mayoría de desplazamientos de los vecinos al Consistorio "central" para trámites sencillos.
El Urbanismo, como conjunto de disciplinas que estudia la organización de las ciudades, tiende desde un punto de vista netamente teórico al centralismo como modelo ideal para el desarrollo territorial por ser el modelo más efectivo para la vertebración y prestación de servicios más racional. Pero rara vez la población de un territorio se asienta por obvios motivos históricos en torno a un único punto de un término municipal. Así, como respuesta, el urbanismo persigue la conexión de los territorios de forma que acaben uniéndose. Las viviendas diseminadas serían la última opción aconsejable.
Pero como ya se ha indicado, hay casos extremos dentro de la comarca. El 99,01% de la población de Algeciras reside en el casco urbano. Sólo 1.164 personas se reparten entre Pelayo y diseminados. Una situación que contrasta con la de Jimena: de sus 10.447 habitantes sólo 3.473 (33,24%) viven en el casco urbano. Los Ángeles (2.234), San Pablo de Buceite (1.809) y San Martín del Tesorillo (2.931) tienen poblaciones hasta cierto punto semejantes con la matriz. En San Roque sucede lo mismo. Vive más gente fuera del casco urbano que en él. 18.629 personas en la intrincada red de barriadas frente a los 11.336 del centro.
La irregular distribución de la población también casa con los movimientos prosegregación. San Martín del Tesorillo es el caso más claro con un expediente administrativo ya en trámites ante la Junta de Andalucía mientras que la histórica demanda del Valle del Guadiaro se vio prácticamente truncada con la aprobación de la LAULA (Ley de Autonomía Local de Andalucía) que dio al traste con las aspiraciones por el endurecimiento de los requisitos legales exigibles.
