Antonia Morera reprocha a Margarita del Cid que quiera escudarse en un informe que hace referencia al procedimiento de aprobación de los estatutos para dejar sin representación a municipios como Casares, Ojen o Istan.
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La alcaldesa de Casares, Antonia Morera, considera que los argumentos expuestos por la presidente de Mancomunidad el pasado jueves respecto al informe de la Junta de Andalucía que avalaba el proceso seguido para el cambio estatutario quieren esconder más importante, que es que el equipo de gobierno del PP quiere aprovechar esta modificación para discriminar a los pueblos que tienen menos habitantes.
La alcaldesa de Casares critica que...
el PP quiere aprovechar la adaptación de sus estatutos a la Ley de Autonomía Local de Andalucía (LAULA) para incorporar cambios en la composición del órgano de gobierno de la Mancomunidad, haciendo diferente el reparto de los miembros que la componen al pasar del mismo número de delegados por cada municipio a un reparto que atiende a criterios de población, “una fórmula que discrimina a los pueblos de menor población y rompe con un principio básico como el de la igualdad y solidaridad”.
Y ha añadido que el reparto en función del número de habitantes es aún más injusto al obviar también el criterios de territorialidad, cuando municipios como Casares, Ojén o Istán, son los que soportan grandes infraestructuras de la Costa del Sol, como es la planta de Residuos Sólidos de Casares o el pantano de la Concepción, además de albergar gran parte de los parajes naturales que añaden recursos a esta comarca.
Antonia Morera explica que el informe de la Junta de Andalucía al que se refiere la presidenta de Mancomunidad solo hace referencia a si es necesario que los estatutos sean aprobados en cada uno de los 11 pueblos que conforman la Mancomunidad o si es esta la que debe aprobarlo en exclusiva. Y en este caso, el informe de la JJAA solo se refiere a que la Mancomunidad es competente por si sola para aprobar la adaptación a la LAULA, a lo que el equipo de gobierno de Casares no se opone.
Sin embargo, si existe discrepancia, “y eso es lo que denunciamos”, continua la alcaldesa, “en que el gobierno actual de Mancomunidad quiere utilizar la adaptación de los estatutos a la LAULA para cambiar las reglas del juego, y en eso el secretario de la Mancomunidad está de acuerdo con nosotros, cuando dice que es necesaria la ratificación de los plenos de los 11 ayuntamientos mancomunados, que fuimos los que acordamos agruparnos con la misma representación por cada municipio cuando se constituyó el ente”.
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