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María Naval traslada las denuncias de “incumplimientos” de derechos laborales por parte de la empresa concesionaria y el riesgo de pérdida de calidad del servicio para los usuarios.
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Cádiz, 12 de enero de 2015. El Grupo Socialista llevará al Pleno de la próxima semana la situación de “desprotección” que viven las trabajadoras de la empresa Clece, adjudicataria de la Diputación del servicio de la Ley de Dependencia en las localidades campogibraltareñas de Jimena, Tarifa y Castellar. Así lo ha anunciado hoy la diputada socialista María Naval, quien ha recordado que estas trabajadoras “permanecen en huelga desde finales del pasado mes de enero tras intentar llegar a un acuerdo en el Servicio Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales (SERCLA) como consecuencia de las denuncias de reiterados incumplimientos respecto a sus derechos”.
María Naval ha explicado que “esos incumplimientos sobre la subrogación de derechos laborales por parte de la empresa Clece, tal como se incluyen en el pliego de condiciones de la adjudicación realizada por la Diputación Provincial de Cádiz, han sido constatados incluso por los funcionarios técnicos del Servicio de Asuntos Sociales de la institución provincial”.
La diputada socialista ha recordado que, ya en una etapa anterior, cuando la Diputación sacó a licitación el servicio de Ley de Dependencia en 28 municipios menores de 20.000 habitantes a comienzos de 2010, la empresa actualmente concesionaria asumió ese cometido, haciéndose cargo del personal que hasta ese momento trabajaba en dependencia de los Ayuntamientos. “La fórmula de la concesión permitía garantizar la estabilidad de esos empleos, continuar la atención de los beneficiarios por parte del mismo personal y liberar de una importante carga de trabajo a los Servicios Sociales Comunitarios, que de esta forma podrían centrarse en el desarrollo de las labores que tienen encomendadas”, ha explicado.
Sin embargo, al poco tiempo del inicio del servicio en manos de la concesionaria en estas localidades campogibraltareñas se produjeron una serie de “incumplimientos y despidos” que generaron movilizaciones e incluso un intento de acuerdo en el SERCLA, que no llegó a prosperar. “Como consecuencia, la Diputación optó por rescindir el contrato con Clece y traspasar tanto el servicio como a las propias trabajadoras, incluidas las que habían sido despedidas”.
“En los cuatro años posteriores, el servicio en manos de la concesionaria que sustituyó a Clece vino prestándose a plena satisfacción tanto de las trabajadoras como de los usuarios, incluso a pesar de los importantes recortes en prestaciones decididos por el Gobierno de Mariano Rajoy”, ha repasado María Naval. “Durante aquella etapa, las empresas concesionarias, Acasa y Adisa, cumplieron con todas sus obligaciones y con la totalidad de los compromisos hacia las trabajadoras. como el pago de nóminas, el reconocimiento de antigüedades o la transformación de contratos temporales en indefinidos. Pero, con el vencimiento de los plazos y la nueva licitación por parte de la Corporación provincial, el servicio volvió a ser adjudicado nuevamente a Clece”.
La diputada socialista ha incidido en que en el breve tiempo transcurrido ahora desde que Clece iniciara el 1 de septiembre de 2014 esta segunda etapa como concesionaria del servicio de atencion a domicilio de la Diputación en las localidades de Jimena, Tarifa y Castellar, “nuevamente se ha generado una importante inquietud entre las trabajadoras y en los usuarios dependientes”. En este caso, las razones “vienen siendo denunciadas por las propias auxiliares: el incumplimiento del contrato de servicios en lo que respecta a la subrogación de derechos laborales a las trabajadoras y la aplicación de nuevas normas de funcionamiento que hacen empeorar el servicio a los usuarios”.
Todo ello ha dado origen a que el Ayuntamiento de Jimena respaldase una propuesta del Grupo Municipal del PSOE para denunciar ante la Diputación el “incumplimiento del contrato del Contrato de servicios de ayuda a domicilio y de la Ley de Dependencia formalizado con la empresa Clece para los municipios de Jimena de la Frontera, Tarifa y Castellar de la Frontera”.
Hoy, siguiendo esa misma línea, María Naval ha anunciado que el Grupo Socialista planteará en el Pleno de la Diputación de la próxima semana la gravedad de esta situación como consecuencia de las “reiteradas denuncias de supuestos incumplimientos” por parte de una empresa concesionaria de la propia Corporación provincial, “máxime en un servicio con la trascendencia social como tiene todo lo relacionado con la Ley de Dependencia”.
La diputada socialista ha defendido también que la Institución provincial solicite la “intervención urgente” de la Inspección de la Consejería de Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía, “para comprobar el funcionamiento del servicio prestado por esa empresa y para garantizar que se atiene a los requisitos establecidos y que tanto su propio personal como sus usuarios merecen”. Y ha concluido diciendo que “en un momento en que el Gobierno de la Nación ha hecho una alarmante dejación de funciones en su obligación de sostener económicamente unas coberturas de la Ley de Dependencia que están siendo mantenidas gracias al compromiso y al sobreesfuerzo de la Junta de Andalucía, la Diputación debe velar por el escrupuloso cumplimiento de las obligaciones de las empresas concesionarias de este servicio público, que en ningún caso puede deteriorarse ni perder calidad tanto en lo que afecta a los usuarios del mismo como en lo que respecta a quienes trabajan en su prestación”.
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