Cádiz
La flexibilización del Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA) por parte de la Junta sobre las normas urbanísticas afectarán a 23 pueblos de la provincia de Cádiz, que son los que cuentan con menos de 10.000 habitantes. La modificación acordada por el Gobierno andaluz y la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) permite ahora que estas localidades puedan afrontar un desarrollo urbanístico por encima de los límites de crecimiento del 30 por ciento de población y del 40 por ciento de suelo urbano en menos de ocho años, según establece el POTA desde que entró en vigor hace justo un año.
La consejera de Obras Públicas y Transportes, Concepción Gutiérrez, declaró a finales de esta semana que con esta flexibilización de los límites a la edificabilidad “la Junta de Andalucía intenta que se construyan más viviendas y que la población de estos lugares pueda crecer”.
La Administración regional se ha comprometido a buscar mecanismos junto a la FAMP para acomodar la interpretación del POTA a las necesidades de los municipios. Entre otras cuestiones, está analizando establecer una modulación en el crecimiento de la población para que los pequeños municipios puedan crecer por encima de lo establecido. No se ha concretado en qué porcentajes se situarán los máximos, pero representantes de la FAMP adelantaron que habrá escalones para los municipios de 10.000, 5.000 y 2.000 empadronados.
El panorama urbanístico en la provincia, al igual que en el resto de Andalucía, cambia por completo sus perspectivas con la nueva postura de la Administración autonómica. Los representantes de ayuntamientos de pueblos pequeños se han quejado de las limitaciones a las que estaban sometidos por el POTA, que les ofrecía mínimas posibilidades para ampliar su parque de viviendas y para desarrollar proyectos turísticos, especialmente los vinculados a complejos residenciales y de golf.
Los pequeños municipios, al igual que los promotores urbanísticos, han denunciado el agravio comparativo que la limitación del 30/40 incluida en el Plan de Ordenación establecía entre pueblos despoblados y ciudades, grandes poblaciones, que sí podían ejecutar sus planes de expansión con ligeros retoques.
La marcha atrás de la Junta, un año después de la entrada en vigor del POTA y a cuatro meses de unas nuevas elecciones autonómicas, tendrá un especial efecto en la comarca de la Sierra de Cádiz, donde se concentra la mayoría de las localidades con menos de 10.000 vecinos.
La Federación de Municipios y Provincias también adelantó que ha suscrito un acuerdo con la Junta para que los polígonos industriales no computen en el aumento de suelo y no repercutan, por tanto, en la contabilización del 40 por ciento de crecimiento de suelo urbano. Estas iniciativas se desarrollarán ahora con el único freno que pueda establecer la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA).
La Junta también ha admitido corregir el ratio de vecinos por vivienda en el caso de las VPO, lo que facilitará el crecimiento en número de habitantes. Este punto será de aplicación universal y pretende adaptar la normativa a la realidad del mercado y fomentar la inversión en viviendas de protección oficial.
