Las arcas de algunos ayuntamientos de la provincia han saltado por los aires. Los números no cuadran y los gastos en personal se han disparado. La liquidación del presupuesto de 2008 que han presentado los consistorios gaditanos al Ministerio de Economía deja un panorama desolador en materia económica y presagia malos tiempos para las haciendas locales si no se toman medidas de saneamiento. Nueve ayuntamientos de la provincia destinan más de la mitad de lo que ingresan en pagar la nómina de sus funcionarios, mientras que 16 viven por encima de sus posibilidades, es decir, gastan más de lo que reciben. Insostenible.
La luz roja lleva dos años encendida de manera intermitente en algunas concejalías, pero el parpadeo ya se torna fijo en varios municipios. El Ayuntamiento de Jerez ha sido el primero en dar la voz de alarma. Arrastra un déficit de 378 millones de euros y las nóminas de sus 2.000 funcionarios se llevan un pellizco de 94 millones de euros del presupuesto local, un 42% de lo que se ingresa en las arcas. La situación ha obligado a la alcaldesa de la localidad, la socialista Pilar Sánchez, a aplicar un plan de saneamiento que incluye, además la implantación de un expediente de regulacion temporal de empleo (ERTE) que afectaría a 300 empleados públicos. Señala que este expediente es voluntario. Por ahora, la Consejería de Empleo de la Junta lo ha tumbado, ya que la regidora alega para su aplicación problemas organizactivos en lugar de económicos.
En la provincia hay nueve ayuntamientos que gastan en nóminas municipales la mitad de lo que ingresan. Es el caso de Conil (IU), Olvera (IU), Los Barrios (PSOE), Chipiona (PSOE), Jimena (PSOE), Prado del Rey (PSOE), Tarifa (PSOE), Villamartín (PSOE) y La Línea (PP). Se trata de plantillas sobredimensionadas que no se ajustan a la nueva estructura de gestión y a la crisis. La media del gasto en la provincia para abonar el sueldo de los funcionarios es del 33% de los ingresos.
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La luz roja lleva dos años encendida de manera intermitente en algunas concejalías, pero el parpadeo ya se torna fijo en varios municipios. El Ayuntamiento de Jerez ha sido el primero en dar la voz de alarma. Arrastra un déficit de 378 millones de euros y las nóminas de sus 2.000 funcionarios se llevan un pellizco de 94 millones de euros del presupuesto local, un 42% de lo que se ingresa en las arcas. La situación ha obligado a la alcaldesa de la localidad, la socialista Pilar Sánchez, a aplicar un plan de saneamiento que incluye, además la implantación de un expediente de regulacion temporal de empleo (ERTE) que afectaría a 300 empleados públicos. Señala que este expediente es voluntario. Por ahora, la Consejería de Empleo de la Junta lo ha tumbado, ya que la regidora alega para su aplicación problemas organizactivos en lugar de económicos.
En la provincia hay nueve ayuntamientos que gastan en nóminas municipales la mitad de lo que ingresan. Es el caso de Conil (IU), Olvera (IU), Los Barrios (PSOE), Chipiona (PSOE), Jimena (PSOE), Prado del Rey (PSOE), Tarifa (PSOE), Villamartín (PSOE) y La Línea (PP). Se trata de plantillas sobredimensionadas que no se ajustan a la nueva estructura de gestión y a la crisis. La media del gasto en la provincia para abonar el sueldo de los funcionarios es del 33% de los ingresos.
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Mantener el equilibrio
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El director de NS-Corporation, empresa dedicada a colocación de mano de obra, Andrés Palacios, reconoce que no hay una regla general para situar un límite económico sobre el pago de nóminas en los negocios. Es decir, hay cadenas de producción con una plantilla poco cualificada y con sueldos bajos y hay empresas de gestión, con personal muy formado y con sueldos altos. En la primera, por ejemplo, se necesita más mano de obra que en la segunda y, sin embargo, en esta última el gasto de la plantilla es superior.
En cualquier caso, el capítulo de gastos de personal debe guardar un equilibrio y no superar la mitad de los ingresos.
El problema de Jerez no es único. Cada vez son más frecuentes las manifestaciones de bomberos, policías y funcionarios a las puertas del Consistorio de La Línea, ahora en manos del popular Alejandro Sánchez. Los gastos de personal del ayuntamiento linense ascienden a casi 31 millones de euros, lo que equivale un 60,1% de lo que ingresa. Igualmente, esta administración gasta más de lo que recibe.
Si fuera una empresa privada, seguramente este consistorio estaría cerrado y con sus acreedores en fila para cobrar. Pero, cómo sobreviven las administraciones públicas. Mediante deuda; aunque todo tiene un límite. Así, el vicepresidente Económico de Diputación, Francisco Menacho, aclara que un ayuntamiento no puede superar su nivel de endeudamiento en un 110% de los ingresos corrientes. El Ministerio ya se encarga de llamar la atención sobre el peligro.
Otro de los ayuntamientos con serios problemas para abonar los salarios de sus trabajadores es San Roque, en manos ahora del PP. Los sueldos suponen un 37,8% de lo que ingresan sus arcas, pero el talón de Aquiles de este consistorio no es otro que los gastos contables registrados en el ejercicio de 2008 superan con creces a los ingresos. Es decir, son 57 millones de euros de gastos totales frente a 46 millones de ingresos.
Uno de los alcaldes que no ha ocultado su malestar con el exceso de funcionarios en su plantilla municipal es el socialista José Luis Calvillo, regidor de Villamartín. Las nóminas de los empleados públicos de este ayuntamiento serrano suponen el 64,2% de sus ingresos. En opinión del alcalde, «el Ayuntamiento tiene una plantilla sobredimensionada, herencia del anterior equipo de Gobierno, con funcionarios con sueldos muy elevados». Insiste en que «nos encontramos con las manos atadas y no podemos reducir estos gastos, de tal forma que seguimos tirando cómo podemos».
En la misma línea se encuentra el municipio de Tarifa, donde los 11 millones de euros que se reservan en el capítulo de gastos de personal suponen el 67,1% del total de los ingresos.
El alcalde socialista de Prado del Rey, Fernando Pérez, sabe que las nóminas de su plantilla se llevan más de la mitad de los ingresos que entran en las arcas locales. Pérez puso en marcha en noviembre de 2009 un plan de sanemiento con el fin de reducir el gasto corriente. Sin embargo, el tiro, de momento, le ha salido por la culata. El propio alcalde reconoce que la reducción de gastos ha quedado neutralizada con el incremento del gasto social.
Los ayuntamientos están con la soga al cuello.
El director de NS-Corporation, empresa dedicada a colocación de mano de obra, Andrés Palacios, reconoce que no hay una regla general para situar un límite económico sobre el pago de nóminas en los negocios. Es decir, hay cadenas de producción con una plantilla poco cualificada y con sueldos bajos y hay empresas de gestión, con personal muy formado y con sueldos altos. En la primera, por ejemplo, se necesita más mano de obra que en la segunda y, sin embargo, en esta última el gasto de la plantilla es superior.
En cualquier caso, el capítulo de gastos de personal debe guardar un equilibrio y no superar la mitad de los ingresos.
El problema de Jerez no es único. Cada vez son más frecuentes las manifestaciones de bomberos, policías y funcionarios a las puertas del Consistorio de La Línea, ahora en manos del popular Alejandro Sánchez. Los gastos de personal del ayuntamiento linense ascienden a casi 31 millones de euros, lo que equivale un 60,1% de lo que ingresa. Igualmente, esta administración gasta más de lo que recibe.
Si fuera una empresa privada, seguramente este consistorio estaría cerrado y con sus acreedores en fila para cobrar. Pero, cómo sobreviven las administraciones públicas. Mediante deuda; aunque todo tiene un límite. Así, el vicepresidente Económico de Diputación, Francisco Menacho, aclara que un ayuntamiento no puede superar su nivel de endeudamiento en un 110% de los ingresos corrientes. El Ministerio ya se encarga de llamar la atención sobre el peligro.
Otro de los ayuntamientos con serios problemas para abonar los salarios de sus trabajadores es San Roque, en manos ahora del PP. Los sueldos suponen un 37,8% de lo que ingresan sus arcas, pero el talón de Aquiles de este consistorio no es otro que los gastos contables registrados en el ejercicio de 2008 superan con creces a los ingresos. Es decir, son 57 millones de euros de gastos totales frente a 46 millones de ingresos.
Uno de los alcaldes que no ha ocultado su malestar con el exceso de funcionarios en su plantilla municipal es el socialista José Luis Calvillo, regidor de Villamartín. Las nóminas de los empleados públicos de este ayuntamiento serrano suponen el 64,2% de sus ingresos. En opinión del alcalde, «el Ayuntamiento tiene una plantilla sobredimensionada, herencia del anterior equipo de Gobierno, con funcionarios con sueldos muy elevados». Insiste en que «nos encontramos con las manos atadas y no podemos reducir estos gastos, de tal forma que seguimos tirando cómo podemos».
En la misma línea se encuentra el municipio de Tarifa, donde los 11 millones de euros que se reservan en el capítulo de gastos de personal suponen el 67,1% del total de los ingresos.
El alcalde socialista de Prado del Rey, Fernando Pérez, sabe que las nóminas de su plantilla se llevan más de la mitad de los ingresos que entran en las arcas locales. Pérez puso en marcha en noviembre de 2009 un plan de sanemiento con el fin de reducir el gasto corriente. Sin embargo, el tiro, de momento, le ha salido por la culata. El propio alcalde reconoce que la reducción de gastos ha quedado neutralizada con el incremento del gasto social.
Los ayuntamientos están con la soga al cuello.
