Escriben a María Jesús Serrano y le recuerdan que el plan de trabajo acumula más de dos meses de retraso.
La Junta Central de Usuarios del río Guadiaro urge nuevamente a la Junta de Andalucía a firmar el convenio a tres bandas negociado junto con el Ministerio de Agricultura y las comunidades de regantes de San Martín del Tesorillo y San Pablo de Buceite para la reforma integral de los canales de riego (que datan del siglo XIX) y que fija las cuotas en porcentaje de participación en la inversión prevista, de 31 millones de euros.
Aunque la aportación de cada entidad ya fue acordada -20% del total de las infraestructuras a cargo de la Junta de Andalucía desde el canon autonómico del trasvase; otro 70% el Gobierno a través de los fondos Feder y el otro 10% restante los regantes, adelantado por el Estado y mediante un crédito a 50 años- aún se está a la espera de firmar el convenio que sustente documentalmente dicho pacto.
Los regantes aprobaron en su día firmar, el Estado urge a hacerlo y, por lo tanto, consideran que la Junta de Andalucía es la que debe mostrar su voluntad de adhesión. Y así se lo trasladan en una carta remitida a la consejera de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, María Jesús Serrano, donde el colectivo asegura que el cronograma de trabajo preveía firmar el acuerdo el 6 de mayo para entrar en plazo. "Al no haberse consumado dicha firma, llevamos un retraso superior a los dos meses", enfatizaron.
La Junta Central de Usuarios recordó que el proceso sigue también a expensas de trámites de exposición pública, traspaso de encomiendas de gestión a favor de la entidad pública Tragsa y otros trámites dependientes de la firma que tiene un plazo de ejecución de 15 meses, hasta octubre de 2015. "Le rogamos que con la mayor celeridad posible nos haga llegar alguna información oficial al respecto para anunciarla y evitar el continuo flujo de personas en nuestras sedes demandando la fecha del inicio de las obras", exponen.
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| Una explotación agrícola en San Martín del Tesorillo, el pasado junio. |
Aunque la aportación de cada entidad ya fue acordada -20% del total de las infraestructuras a cargo de la Junta de Andalucía desde el canon autonómico del trasvase; otro 70% el Gobierno a través de los fondos Feder y el otro 10% restante los regantes, adelantado por el Estado y mediante un crédito a 50 años- aún se está a la espera de firmar el convenio que sustente documentalmente dicho pacto.
Los regantes aprobaron en su día firmar, el Estado urge a hacerlo y, por lo tanto, consideran que la Junta de Andalucía es la que debe mostrar su voluntad de adhesión. Y así se lo trasladan en una carta remitida a la consejera de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, María Jesús Serrano, donde el colectivo asegura que el cronograma de trabajo preveía firmar el acuerdo el 6 de mayo para entrar en plazo. "Al no haberse consumado dicha firma, llevamos un retraso superior a los dos meses", enfatizaron.
La Junta Central de Usuarios recordó que el proceso sigue también a expensas de trámites de exposición pública, traspaso de encomiendas de gestión a favor de la entidad pública Tragsa y otros trámites dependientes de la firma que tiene un plazo de ejecución de 15 meses, hasta octubre de 2015. "Le rogamos que con la mayor celeridad posible nos haga llegar alguna información oficial al respecto para anunciarla y evitar el continuo flujo de personas en nuestras sedes demandando la fecha del inicio de las obras", exponen.
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